Arrojo de materiales al río es sancionado con penas de cárcel y sanciones económicas
El jefe de la Oficina Defensorial de Lima Este, Manglio Álvarez, pidió a la Municipalidad de Chosica que informe si empresas privadas que operan en ese distrito invadieron el cauce del río Huaycoloro provocando el desborde del mismo con perjuicio para más de mil personas.
Álvarez señaló que desde el primer momento del desastre natural, viene recibiendo denuncias de los pobladores afectados en contra de las empresas Petramás y Unicom, a las que acusan de haber rellenado el cauce del río y propiciar el desembalse del caudal.
“Dicha versión la venimos escuchando desde el inicio. Que Petramás y Unicom tienen la responsabilidad del hecho. Hemos pedido información al respecto, para conocer la situación de las empresas y si habrían invadido el terreno, que es intangible”, señaló. En declaraciones a la agencia Andina, el representante de la Defensoría del Pueblo señaló que también ha pedido a la comuna de Chosica que informe si anteriormente han realizado acciones de fiscalización sobre las operaciones de las referidas empresas en el lugar.
También indicó que personal de la Defensoría del Pueblo se mantendrá en la zona de Cajamarquilla, en Chosica, hasta que se restablezcan las condiciones de vida de las personas afectadas por el desborde del río, que inundó con lodo y piedras sus casas.
La misma preocupación la comparte el representante del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Juan Arboleda, quien señaló que el desborde no solo se habría producido por el incremento de las lluvias, sino también por la mala acción de empresas del lugar.
“Se generó por lluvias localizadas en las quebradas Jicamarca y Arahuay, aunada a una mala maniobra por parte de empresas, que habrían rellenado el cauce para transportar sus volquetes. Más que todo es eso”, añadió el ingeniero.
Por su parte, Carol Mora, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explicó que el arrojo de materiales de cualquier tipo en los ríos del país por parte de empresas constituye una infracción penada con sanciones económicas y hasta suspensión y clausura definitiva del establecimiento.
Además, de acuerdo con el artículo 304 del Código Penal, los responsables de descargas y/o emisiones de residuos a los ríos, con consecuencias graves en el ambiente, son sancionados con cárcel efectiva no menor a 4 ni mayor a 6 años, apuntó. El referido código también establece sanciones de entre 100 a 600 días-multa a los responsables en un proceso judicial paralelo al administrativo, en el cual se pueden imponer multas de hasta 10 mil Unidades Impositivas Tributarias (S/. 36.5 millones) por delitos en materia ambiental.
Mora también llamó la atención sobre la necesidad de confirmar no solo la responsabilidad de esas empresas en el desborde, sino también de investigar el tipo de material que habría sido arrojado al cauce para determinar el riesgo que están corriendo los seres vivos dependientes de sus aguas. (ANDINA).
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