Según Mario Zúñiga, profesor de la UP, esto permitiría que el beneficiario negocie directamente con la empresa que realizará la actividad extractiva.
Nuestra Constitución establece que los recursos naturales del subsuelo pertenecen al Gobierno. Pero en otros lugares del mundo, como algunos estados de EE.UU., corresponden al dueño del terreno, es decir, es un régimen de propiedad unitario.
“Lo que genera el conflicto social es la diferencia entre la propiedad de la tierra y lo que se encuentra en el subsuelo. Si el ciudadano fuera propietario eso daría una mayor protección que la consulta previa, porque antes de explotar deberían pedirle permiso”, sostuvo Mario Zúñiga, docente de le Universidad del Pacífico (UP) y director de contenidos de la asociación de contribuyentes Respeto por Respeto.
De esta forma, aseguró el investigador, se eliminan los costos de transacción (costos incurridos para realizar un intercambio económico cuando no existe competencia perfecta) y se facilita la negociación directa entre la persona natural y la empresa.
“La consulta previa es un tercer o cuarto mejor. Yo creo que debemos darle propiedad al ciudadano. Es mejor que el dueño de la tierra se beneficie directamente. Ellos sufren el perjuicio de la extracción del mineral”, afirmó.
Para aplicar este modelo, sería necesario un cambio constitucional. Según Zúñiga, se requiere un amplio consenso, tomando en cuenta que la población usualmente percibe que los recursos naturales deben ser un bien común.
“¿Pero qué ganamos hoy con este régimen? El Estado recibe algunos derechos mineros que no son significativos en términos relativos. Además, el canon es la mitad del IR que pagan las empresas mineras. Bajo un régimen de propiedad unitario se pagaría lo mismo”, aseguró.
Zúñiga incidió en que no se debe suponer que el beneficiario será incapaz de invertir. Existen casos –refirió- de empresas que compraron barcos a los pescadores de Chimbote para ampliar su flota, y muchos hicieron negocios.
En los países donde el recurso natural pertenece al dueño del terreno –aseveró- se han observado menores niveles de conflictividad. Sin embargo, es necesario trabajar para brindar información, y así evitar que los lotes se vendan a precios irrisorios. En ese aspecto –recomendó- puede participar el Estado.
Colectivismo vs individualismo
¿Se puede aplicar este modelo tomando en cuenta la cosmovisión de las comunidades andinas? Pues Zúñiga considera que sí, porque ha observado en su trabajo de campo que la gente delimita los terrenos y tiene posesión sobre lo que produce en su parcela.
El beneficio de establecer un régimen legal que permita la individualización de los lotes dentro de un terreno mayor – resaltó- es que no atenta contra la intención de mantener la colectividad. Solo se abriría la posibilidad de decidir.
“Creo que muchos investigadores ven solo que quieren y tienen la idea bastante romántica del buen nativo, y de una utopía colectivista. Los ciudadanos de las comunidades de la sierra y selva no tienen menos racionalidad. Si quieren independizar su propiedad, el marco legal debe permitírselo, y pueden mantener ciertos aspectos colectivos”, aseveró.
Asimismo, hizo referencia al fenómeno económico conocido como ‘la tragedia de la comunes’: Cuando un bien es de todos es de nadie, y se genera la sobreexplotación.
“Una de las características de los derechos de propiedad es la exclusividad. Entonces solo yo me beneficio y se genera un incentivo dinámico para invertir. Eso es lo ideal”, indicó.
Formalización
A pesar que la reforma planteada requiere un cambio constitucional, existen algunos aspectos en lo que refiere a la propiedad de la tierra que podemos mejorar.
“El problema es que las comunidades no tiene los poderes o mecanismos legales para realizar una transferencia de propiedad adecuadamente, es decir, no son interlocutores válidos. El poseedor del terreno no tiene sus derechos legalmente reconocidos porque no están inscritos. Las empresas escuchan hoy a las comunidades solo para no ganarse un pleito”, indicó el docente.
Por ello, según Zúñiga, es importante –más allá de los planes masivos de titulación- reducir los costos de la formalización y lanzar una campaña de concientización sobre sus beneficios.
“Hemos mejorado en cuanto a la formalización porque Sunarp funciona bien. Sin embargo, necesitamos fortalecer el poder judicial con urgencia”, declaró.
Otro modelo
El investigador destacó que en Alaska –por ejemplo- tienen un modelo de sociedades, solución similar a la planteada por Xstrata . Bajo ese esquema, se otorga parte de las acciones de la corporación a la comunidad.
“Es posible bajo el marco legal actual pero es casi un derecho de gracia. La empresa no está obligada. Después que el fuego llegó a la pradera se dio esa concesión. Es una solución eficiente, pero lo más fuerte que puede darse a las comunidades es el derecho de propiedad. Ellos mismos son los más capacitados para decidir”, afirmó. (gestion.pe)
