La Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue encargada hoy de la organización y coordinación de un grupo de trabajo para realizar el nuevo y definitivo Estudio Técnico de Balance Hídrico Integral a la segunda etapa del proyecto Majes Siguas II, que involucra a las regiones Cusco y Arequipa.
Según una Resolución Ministerial, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, el estudio fue dispuesto mediante sentencias del Tribunal Constitucional, luego de suspenderse la implementación del proyecto hasta que no se culminen las evaluaciones de disponibilidad hídrica.
La segunda etapa de la irrigación Majes-Siguas II, que comprende unas 60 mil hectáreas, busca trasvasar las aguas de los ríos de la provincia cusqueña de Espinar para utilizarlas en generación de electricidad y en la irrigación de las pampas arequipeñas de Majes y Siguas. La inversión estimada es 450 millones de dólares.
Ante el conflicto generado, en su sentencia de noviembre pasado, el TC ordenó que realizar un estudio definitivo de balance hídrico integral.
Los plazos, condiciones y financiamiento deberán correr por iniciativa del Gobierno Nacional -representado por la PCM- y los gobiernos regionales de Cusco y de Arequipa.
El referido estudio será realizado y concluido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con la opinión y el parecer profesional y académico de los especialistas y técnicos de las regiones. En caso haya discrepancias, será la PCM la que tenga la determinación final.
Esto último fue ratificado por el TC en una resolución del 24 de enero pasado, resolviendo el pedido de aclaración formulado por la Municipalidad Provincial de Espinar y el Gobierno Regional del Cusco.
La Secretaría de Coordinación de la PCM, a cargo de la ex congresista Rosa Florián, deberá organizar y coordinar con los gobiernos regionales de Cusco y Arequipa así con la Autoridad Nacional del Agua para la implementación de esta norma legal.
El nuevo y definitivo Estudio Técnico de Balance Hídrico Integral deberá definir sus términos de referencia en un plazo que no excederá los 15 días, contados a partir de la instalación del grupo técnico de trabajo. Ese plazo podrá ser prorrogado pero solo por cinco días hábiles más. (ANDINA)
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